En estos días tan duros todo el mundo alaba el sistema sanitario público de nuestro país. Pero la actualidad ha demostrado carencias, y el presidente del Gobierno ha expresado la conveniencia de no sólo hacer una revisión de la gestión de la crisis sanitaria, sino también realizar una revisión de nuestro sistema de salud, incluyendo la elaboración de un libro blanco.

La sanidad pública madrileña ha tenido y tiene una calidad incuestionable. Pero los últimos 12 años la han dejado escuálida, indefensa, como así lo ha demostrado el COVID-19, que la ha encontrado con la caja fuerte vacía, algo incomprensible después de los salvajes recortes presupuestarios. ¿Para qué han servido?

Cuando el sistema sanitario se tambalea, hay que reconocer la fortaleza de dos de las tres patas necesarias para que se mantenga en pie: el personal sanitario y la ciudadanía. La otra es la administración, el dinero. De las dos primeras no hay dudas, de la última, muchas.

Los profesionales han sufrido la segunda epidemia sanitaria en los últimos 12 años. La primera, la de la privatización de la sanidad pública madrileña aún perdura, y casi se la lleva por delante. La segunda lleva un par de meses entre nosotras, y apenas ha encontrado oposición que no sea la profesionalidad y el buen hacer de quienes están al pie del cañón. 

La ciudadanía ha respondido de forma prácticamente unánime en ambos casos: apoyando a la sanidad pública. Salió a la calle en contra de su privatización, y ahora acepta su confinamiento y homenajea a sus cuidadoras desde ventanas y balcones.

Los aplausos son para esas dos patas en exclusiva. La tercera, más interesada y más egoísta, tiene un billete anudado en forma de negocio, que ocasiona la inestabilidad del sistema, que ahora demuestra el COVID-19.

En efecto, cuando todo esto termine habrá que hacer un balance de aciertos y errores, y sobre todo de cómo los cimientos de la sanidad pública, es decir, profesionales sanitarios y ciudadanía, echaron el resto para solucionar la emergencia. El balance debe cambiar el espíritu y las reglas.

El blindaje constitucional de la sanidad pública es imprescindible para que nunca se vea afectada por el signo político del gobierno nacional o regional de turno, para disponer de un presupuesto suficiente, para acabar con la precariedad laboral de las personas que nos cuidan, para acabar con las vergonzosas listas de espera, para cuidar mejor a nuestros mayores, para alcanzar una verdadera sanidad universal y de calidad.